La Knéset (el Parlamento israelí) retomará este lunes su actividad parlamentaria tras concluir un receso de tres meses, y todo apunta a que lo hará aprobando varias leyes que prohibirían a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que vinculan a Hamás, operar en territorio israelí, incluido el este de Jerusalén, anexionado unilateralmente en 1980.
El pasado 22 de julio, los legisladores dieron el primer paso aprobando en primera lectura -las leyes israelíes necesitan tres lecturas para ser ratificadas- tres proyectos de ley destinados a prohibir sus actividades en Israel, a despojar al personal de sus inmunidades y privilegios, y a declararla "organización terrorista".
Israel ha justificado estas leyes asegurando que unos 2.100 empleados de la UNRWA pertenecen a la organización islamista Hamás, pero sin presentar pruebas contundentes.
El pasado mes de enero acusó a doce de sus trabajadores de participar activamente en los ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiéndolos.
La agencia, que cuenta con más de 30.000 empleados, aseguró meses después que Israel no había presentado pruebas concluyentes sobre la implicación de estos trabajadores en los atentados, mientras que una investigación independiente, a cargo de la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna, avaló en marzo la neutralidad de la actividad humanitaria de la agencia, aunque detectó ámbitos en los que el grupo podía mejorar.
Tras las acusaciones, unos 18 países anunciaron que retiraban sus fondos, incluidos sus principales donantes -EE.UU., Alemania, Japón o Francia-, lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza.
La mayoría de países, incluidos Canadá, Suecia, Australia o la propia Unión Europea, retomaron meses después la financiación a la UNRWA ante la inconsistencia de las pruebas presentadas por Israel. Solo EE.UU. mantiene su decisión.
De hecho, este domingo, los ministros de Exteriores de Australia, Francia, Alemania, Canadá, Corea del Sur y Reino Unido expresaron en una declaración su "profunda preocupación" por que estas leyes salgan adelante y pidieron a Israel que cumpla "con sus obligaciones internacionales", permitiendo a la UNRWA seguir con sus operaciones.
El primer proyecto de ley, presentado por el diputado del Likud -el partido de Benjamín Netanyahu- Boaz Bismuth, busca detener por completo las operaciones de la UNRWA en Israel, lo que significaría el fin de su trabajo en el este de Jerusalén, territorio palestino ocupado tras la guerra de 1967 y anexionado unilateralmente en 1980, una decisión no reconocida por la comunidad internacional.
La UNRWA proporciona actualmente servicios como educación y salud, en algunos de los campos de refugiados de Jerusalén Este, como el de Shuafat.
Además, sin coordinación con Israel, sería casi imposible para el organismo poder trabajar en Gaza, donde actualmente se encarga de la distribución de ayuda, o en los campamentos de refugiados de Cisjordania, puesto que Israel ya no emitiría permisos de entrada a esos territorios palestinos ocupados, ni permitiría la coordinación con el Ejército.
El segundo proyecto busca revocar las exenciones otorgadas a la agencia de la ONU, entre ellas las fiscales y su estatus de inmunidad. También prohibiría a cualquier agencia gubernamental u entidad pública tener contacto con la UNRWA o con personas que la representen.
El tercer proyecto de ley, que buscaba declarar a la agencia como "organización terrorista", ya no está sobre la mesa por chocar con obstáculos legales, recoge la prensa israelí.
La UNRWA es "la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza", dijo a EFE Jonathan Fowdler, uno de los portavoces del organismo, quien destacó que sin el trabajo de la agencia, 660.000 niños gazatíes perderían a la única entidad capaz de continuar con su educación.
Más allá del devastado enclave, donde la ofensiva israelí del último año ha dejado ya más de 42.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, los servicios educativos y sanitarios de los que dependen miles de palestinos en Cisjordania ocupada se desmantelarían, poniendo en peligro la posibilidad de lograr una solución diplomática al conflicto palestino-israelí.
"Es un paso contra el sistema multilateral. Es el último paso en una campaña sistemática para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su rol dando asistencia al desarrollo y servicios a los refugiados palestinos", aseguró el portavoz.
Incluso Estados Unidos, el mayor apoyo militar y diplomático de Israel, está en contra de los dos proyectos de ley que previsiblemente se votarán mañana.
A principios de mes, el Gobierno liderado por Joe Biden envió una carta a las autoridades israelíes en la que mostraba su rechazo a la aprobación de estas leyes ya que, sostienen, supondrán un golpe a la ayuda humanitaria en Gaza y privarán a decenas de miles de palestinos en Jerusalén de servicios sociales básicos, como la educación.
La UNRWA fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven en la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano, Siria y Jordania.
