La Conferencia Episcopal (CEE) ha mostrado su apoyo a la "labor muy loable, de mucha paciencia" del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en relación con la situación del Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos), en el que permanecen las nueve exreligiosas excomulgadas tras su salida voluntaria de la iglesia Católica.
"La posición de la CEE es el apoyo a la labor muy loable, de mucha paciencia, más que el Santo Job, que está haciendo el arzobispo de Burgos", ha resaltado el portavoz de la Conferencia, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión permanente de la Conferencia, celebrada la semana pasada, publica EFE.
García Magán ha elogiado la actitud de Mario Iceta, quien "ha dejado los brazos para que volvieran, pero estas hijas andan por ahí y no vuelven a la casa paternal", ha indicado, en referencia a las exmonjas clarisas que el pasado 13 de mayo anunciaron que abandonaban la Iglesia, tras acusaciones de herejía al Papa Francisco.
El arzobispo de Burgos, en su cargo de comisario pontificio designado para el caso, interpuso el pasado 16 de septiembre una demanda judicial contra las nueve exreligiosas que permanecen en el convento -la décima excomulgada lo abandonó el pasado julio-, a las que se exigen que abandonen las dependencias religiosas.
Esta demanda judicial se produce casi tres meses después de que, el pasado 22 de junio, la Iglesia Católica excomulgara y expulsara de la vida consagrada a las monjas adheridas al cisma y que, por tanto, desde ese momento no tenían derecho a residir en los inmuebles pertenecientes a los recintos monásticos.
En la rueda de prensa, el portavoz de la CEE ha descartado señalar a un responsable en la filtración de la identidad y los detalles de los casos de 45 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, sucedida entre diciembre de 2023 y enero de 2024. "No voy a entrar en quién era el responsable del tratamiento de esos datos y de su protección", ha dicho Francisco César García Magán, en declaraciones publicadas por EFE.
La filtración, adelantada por El País, sucedió al publicarse en la web de la Conferencia durante al menos 18 días los datos de 45 víctimas en un documento confidencial que formaba parte del informe del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE encargó en 2022 la elaboración de una auditoría interna sobre la pederastia en la Iglesia.
El despacho seleccionó para el estudio 45 testimonios válidos, cuyos datos y detalles (nombres, apellidos, fecha y lugar en que sucedieron los abusos, la edad que tenían y el tipo de abusos sufridos) se incluyeron en una tabla en un anexo de su informe final, el cual fue entregado a los obispos el pasado diciembre y posteriormente publicado en la web de la CEE sin censurar los datos sensibles.
Este suceso fue denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos, quien ordenó borrar el documento y envió una orden de medida cautelar a la empresa que gestiona los servidores de la CEE que aún contenían la información para que eliminaran este contenido.
García Magán ha confirmado que los datos requeridos por la Agencia de Protección de Datos ya han sido enviados y que, tras este paso, no se ha recibido "ulterior comunicación", ni tampoco "ninguna notificación" sobre la existencia de una denuncia por parte de las víctimas.
Precisamente, el pasado miércoles se celebró la primera reunión de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva), que se centra en aquellas casos que no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos por la prescripción del delito, la muerte del victimario u otros motivos.
"El primer trabajo es redactar su reglamento, estipular cómo van a funcionar", ha subrayado García Magán, quien ha pedido "dejar trabajar con discreción y serenidad" a esta "comisión independiente y profesional".
